Hace unos días, el inefable Cañete, como lo denomina Rafael Simancas, se quejó de que “ya no quedan aquellos camareros maravillosos que teníamos, que le pedíamos un cortado, un nosequé, mi tostada con crema, la mía con manteca colorada, cerdo, y a mí uno de boquerones en vinagre y venían y te lo traían rápidamente y con una enorme eficacia", y, por si fuera poco, de acusar a los inmigrantes de colapsar las urgencias en base a que “alguien que para hacerse una mamografía en Ecuador tiene que pagar el sueldo de nueve meses, viene aquí a urgencias y tarda un cuarto de hora".

Arias Cañete, secretario ejecutivo de Economía y Empleo del partido conservador, o no sabe o actúa conforme a lo que viene siendo la dialéctica y programa de la derecha española para agarrar los votos de los extremistas, de los xenófobos. Su máxima: “inmigración=problema”.

Porque en la Constitución recoge el derecho a la sanidad, recoge el derecho al trabajo… ¿el señor Arias Cañete y por extensión los conservadores intentan incumplir tales derechos para un sector de la población? ¿En base a qué hechos sólidos se queja Cañete? Ninguno.

Porque, los inmigrantes, como muchos del resto de ciudadanos, no tenemos en mente acudir a la sanidad privada, si ya, pagando impuestos, sostenemos la pública. Que el señor Cañete y los de su clase económica acudan a donde quieran, son libres, el resto no tenemos el mismo desahogo económico. Y un inmigrante, es, ante todo, un ciudadano, un trabajador, que cotiza y paga sus impuestos, que sostiene al Estado y a la sociedad española, y, como tal, tiene todo el derecho a gozar de los derechos que la Constitución ampara.

No es, por cierto, por inmigrantes el colapso de la sanidad. Hay niños, hay personas mayores, que necesitan más de la atención médica, y faltan médicos y muchos pediatras. ¿La alternativa del conservadurismo? Ir a la privada, pagando claro, y muchos a sus amigos.

Eso es un hecho, el ejemplo es la Comunidad de Madrid, gobernada por Doña Cuaresma, perdón, Esperanza Aguirre. Prometió reducir listas de espera quirúrgicas a un máximo de 30 días, si no, dimitía. ¿Qué hizo? ¿Mejorar la sanidad pública? ¿Aumentar el número de médicos y cirujanos? No, transferirlos a la privada, pagando los madrileños con los impuestos el fracaso neoliberal de cumplir su promesa y mejorar la sanidad pública, esto es, ¡mejorándola! Es muy simple, si se mejora la sanidad, la sanidad es mejor, si se traspasa a la privada la sanidad pública sigue igual. Es un parche. Y Doña Cuaresma, sin dimitir.

Simancas, en el Círculo de Bellas Artes el pasado Viernes, hizo una observación muy acertada: si el gestor público, sea en la sanidad o en la educación, manifiesta que la educación o la sanidad son un fracaso, que hay fracaso escolar, etcétera… ¡está manifestando su incapacidad para mejorar tales servicios públicos! Y por ello debería simplemente irse.

¡Qué mejor política puede haber, que la de pretender la integración de los inmigrantes, que la de asegurar el Estado de Bienestar, por encima de todo! Algo que es de la izquierda, y que también podría ser de la derecha, ¿por qué no? Pero la derecha es así, y no está viviendo ella en esos problemas, lo ve desde fuera, bajo sus clichés, sus estereotipos y sus miedos. Miedo al diferente.
Ese miedo ya lo ha vuelto a proclamar. "Les quitaría el derecho", dijo Rajoy, rehén del Conglomerado Conservador. Y es que quiere impedir que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. ¿Por qué?

Me detengo en algo de importancia: "Les quitaría el derecho"… les quitaría… ¿quitar un derecho? ¿Desde cuando los derechos se quitan? Desde la Independencia Americana y la Revolución Francesa se proclamó “los derechos son propios del hombre, inalienables, los derechos sólo se pueden respetar y preservar”. ¡Está ya retrotrayéndose a la reacción conservadora antiliberal! Pero, ¿no se dice el Partido Popular, Doña Cuaresma a la cabeza, ser liberal? Rajoy ha vuelto a caer. Suma y sigue.

Cuando aún mantengo el temor de que en el supuesto caso de victoria conservadora la ley de matrimonios fuera mancillada, aunque Rajoy haya asegurado que no la tocaría. Pero es que la derecha busca el voto del extremo, ese extremo ya lo he mencionado, xenófobo, pero también es un extremo homófobo. Todo lo resumen en una cosa: el odio.

Y es pues, que se constata esto como una medida de contentar al extremo, muy enfadado pensando que no podrán impedir a varios miles de personas ser felices y formar una familia con todos los derechos y deberes.

Ante lo cual, ¿qué futuro se plantea? La existencia de que seguirá habiendo personas que sigan adoptando, pero cuyos hijos no tendrán otro padre o madre, aunque lo tengan en la realidad, pero no será jurídicamente padre o madre suyo. Serán hijos en situación precaria ante lo que le pueda pasar al que es su padre o madre legal. Desiguales, por tanto, y eso es inconstitucional. Lo mismo, como la ley no puede ser retroactiva, no podrá disolver las familias ya constituidas, y habrá por tanto personas que disfruten de unos derechos que no existan y otras personas que no puedan tener ni eso. Más desigualdad, más inconstitucionalidad.

Cuando la derecha clama defender la familia, ¿en realidad lo hace? Ya vemos que no, porque en esto, lo importante es la felicidad de los hijos, a que tengan dos padres que los mantengan, les eduquen y les cuiden, y estén protegidos frente a cualquier imprevisto. Y la derecha se niega a esa felicidad de los hijos, por tener miedo al diferente.